En la medida en que el territorio, y los bienes inmuebles en general, constituyen tanto un recurso económico escaso como un bien de primera necesidad, su gestión eficiente es requisito ineludible para un desarrollo sostenible.
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Nuestro Código Civil crea dos cauces por los cuales ha de discurrir la sucesión del causante. Uno está dominado por la ley, prescinde de la voluntad del ciudadano. Otro esta regido por la voluntad de aquel de cuya sucesión se trata.
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La legítima de los descendientes en el Derecho Común parece que plantea problemas en relación con los nietos cuando sus padres –hijos del causante- repudian la herencia.
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No se alarme, querido lector. Nada más lejos de mi intención, en estos momentos de inestabilidad de la otrora sacrosanta institución matrimonial, de hacer un alegato a favor de la querida en contra de la legítima y a favor del llamado amor libre.
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Muchas son las objeciones que se han formulado desde una perspectiva, tanto de fondo como técnicamente a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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Mecanismos de reacción de los empresarios del sector
Como destacó GARCÍA DE ENTERRÍA citando al clásico HAURIOU, “hay dos correctivos de la prerrogativa de de la Administración que reclama el instinto popular, cuyo sentimiento respecto al Poder público puede formularse en estos dos brocardos: que actúe, pero que obedezca a la Ley; que actúe, pero que pague el perjuicio”.
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Un caso paradigmático de la complejidad de nuestro entramado fiscal es lo acontecido con la imposición indirecta sobre las permutas inmobiliarias.
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En el Reino Unido y, en general, en los países anglosajones, se denomina Company Law a la ley que trata de la constitución y regulación de entidades comerciales.
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